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SEMES CON REPRESENTANTES DE LA UEMS HACE PUBLICA SU DEMANDA CONTRA EL MINISTERIO DE SANIDAD
SEMES hace pública su demanda contra el Ministerio de Sanidad y advierte de las consecuencias de la falta de profesionalidad en los servicios de Urgencias y Emergencias, para los pacientes. 
Ayer en Madrid, se reunieron urgencíologos de toda España con los representantes de la Europeans Union Medical Specialists (UEMS) 

Madrid 8 de mayo: En la reunión celebrada ayer en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) ,los urgencíologos hicieron pública la demanda interpuesta contra el Ministerio de Sanidad, ante el Tribunal Supremo en contra del RD 639/2014 de 25 de julio de 2014.

En la reunión se trataron temas tan importantes, como la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, la situación actual de los servicios de urgencias y la situación actual de la demanda interpuesta por SEMES al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Según palabras de doctor Tomás Toranzo presidente Honorifico de SEMES, “los servicios de urgencias son una realidad del sistema sanitario,  que dan una asistencia de calidad y así desprende de las encuestas realizadas en las que se considera a las urgencias, uno de los mejores servicios sanitarios”. El propio Ministerio de Sanidad, en su informe del año 2012, resume que los servicios de urgencias realizaron 25 millones de altas medicas entres servicios públicos y privados, es decir, que uno de cada dos españoles pasa por estos servicios en el transcurso del año,  y el 66% de los ingresos hospitalarios proceden de las urgencias y emergencias. Con estos datos queda claro que la especialidad de urgencias no es una necesidad de los profesionales, si no, una necesidad de los pacientes.

Por su parte el doctor Pablo Busca, la importancia de la formación de los profesionales de urgencias, es fundamental para la seguridad de los pacientes, ya que en estos momentos la formación que reciben es dispar y con la que no puede responder a las exigencias de estos servicios requieren, según el doctor Busca “la única forma de dar una respuesta de calidad es establecer una de serie indicadores y poder compararlos con los ya existen en otros países, además “todas las administraciones deberían de estar obligadas a acreditar sus servicios, como garantía para sus ciudadanos”.

Para el doctor Francisco Aramburu, ex vicepresidente de SEMES, “el Ministerio de Sanidad ha despreciado el consenso que existe desde todos los ámbitos” (OMC, CEMS, CCOO, UGT) para que la especialidad de Urgencias llegue a su fin, durante su intervención, hizo un repaso de la de la historia, en el que desde el año 1987 SEMES, lucha por conseguir la especialidad de Urgencias, la cual ha sido anunciada públicamente como un hecho, por parte de distintos ministros de Sanidad, ya que en el año 2006 y en una intervención en el Senado la Ministra Trinidad Jiménez, hizo público que la especialidad de Urgencias seria la 1ª en el tronco medico, por su parte en el año 2011, la Ministra Leire Pajin anuncio en el Congreso y antes los medios de comunicación la creación de la especialidad de Urgencias, entre otras.

Para terminar el doctor Juan González Armengol presidente de SEMES, explico que el motivo de esta rueda de prensa era “el de hacer pública y con transparencia toda la información sobre la demanda interpuesta, para que todo aquel que tuviera interés, pudiera tener una opinión propia y pudiera juzgar por sí mismo”. Según se puede comprobar en el expediente entregado por el Ministerio de Sanidad al Tribunal Supremo, los responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional  ocultaron, todo lo relacionado con el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, y a todas las entidades consultadas, . Además en el expediente faltan partes de numerosa documentación elaborada durante años, que vienen descritas en la propia demanda. Así mismo se pueden comprobar actuaciones de parte, al margen de la neutralidad debida, de personas, dentro la Permanente del propio Consejo Nacional en Ciencias de la Salud, que es un órgano asesor colegiado sometido a Ley de la propia Administración.